Gladis Torres Ruiz (CIMAC)
Lejos de estar más “seguras”, desde el 2006 las mexicanas están más expuestas a la violencia. Según estadísticas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), retomadas por el Banco de Datos del Feminicidio de Isis Internacional, de diciembre de 2006 a octubre de 2009 han sido asesinadas tres mil 726 mujeres.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) registra -con base en datos de las procuradurías estatales- que de enero de 2009 a junio de 2010, se han perpetrado mil 728 homicidios dolosos de mujeres en sólo 18 entidades de la República; de ese total, 890 casos fueron definidos como feminicidio.
Más recursos, más armas… más violencia
En cinco años de gestión, el gobierno federal ha destinado año con año cada vez más presupuesto para las dependencias que encabezan la llamada “guerra” contra el crimen.
De acuerdo con el documento “Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia”, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) señalan que el gasto público para seguridad y procuración de justicia en el ámbito federal casi se ha duplicado desde 2007.
En ese año se destinaron para ese rubro 66 mil 31 millones de pesos (mdp), mientras que para este año se aprobaron 115 mil 825 mdp.
El presupuesto destinado para el combate a la violencia de género se duplicó entre 2010 y 2011, al pasar de 65 mdp a 110 mdp. Lo paradójico es que la cifra aprobada para este rubro en 2011 representa sólo el 10 por ciento del gasto total para el combate a la criminalidad.
El monto de 110 mdp corresponde a lo asignado a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En cinco años de administración calderonista, la opacidad en el manejo de los recursos federales contra la violencia de género ha sido una constante.
Para muestra un botón: En 2008 se le asignaron a la Segob 40 mdp para crear el Fondo Nacional para la Alerta de Violencia de Género, y el Diagnóstico Nacional sobre Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres y las Niñas, entre otras acciones incluidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley General), promulgada en 2007.
Para 2009, la Cámara de Diputados únicamente aprobó a la Segob 9 mdp para la elaboración del diagnóstico nacional, luego de que legisladoras de la Comisión de Equidad y Género detectaron que hubo subejercicio y falta de transparencia en el manejo de los 40 mdp. Hasta ahora el diagnóstico, una obligación marcada en la Ley General, sigue sin elaborarse.
Sin acceso a la Justicia
En el Diagnóstico sobre la Seguridad Pública en México, elaborado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, la investigadora Gabriela Pérez García señala que la existencia de seguridad no se traduce necesariamente en la vigencia del Estado de Derecho, ni que esta seguridad vaya acompañada de justicia para la población, en particular para las mujeres.
“No es suficiente que una política garantice seguridad si ésta no genera justicia, ni adhesión a las leyes de la nación, y pasa por alto los Derechos Humanos y las garantías constitucionales; (en ese caso) es una política que no cumple con su cometido”, advierte.
Pérez García recalca que la seguridad tiene que ir de la mano de la justicia y el Estado de Derecho. “Las políticas que no responden a esta necesidad no son congruentes con la normatividad que regula el respeto a los derechos de la población”, insiste.
Alejandra Massolo, investigadora y consultora en temas de equidad de género y gobiernos locales, afirma que la violencia de género atenta directamente contra la ciudadanía de las mujeres y la igualdad de oportunidades de ejercer los derechos, participar en la vida pública, gozar de las libertades democráticas, y contribuir al desarrollo local y nacional.
En su estudio “Género y Seguridad Ciudadana: el papel y reto de los gobiernos locales”, indica que si la ciudadanía de las mujeres es todavía más formal que efectivamente real, la violencia que las afecta tanto en el ámbito privado como público, inhibe y desgasta sus derechos, sus espacios y su empoderamiento conquistados a lo largo de innumerables luchas, “manteniendo la normal supremacía de la ciudadanía masculina”.
En su propuesta de seguridad, presentada a principios de este mes, la UNAM y el IIDC apuntan que el acelerado crecimiento presupuestal para la policía y el Poder Judicial implica un estimado de 300 pesos per cápita, lo cual -aducen- sería incompatible con la participación de 100 pesos per cápita para el sistema de procuración de justicia, el cual incluye a la policía de investigación.
“Lo que muestra la común tentación de enfocar el desarrollo institucional solamente en una de las áreas relevantes para el combate a la corrupción y la reducción de la violencia”, explican las instituciones académicas.
Expertas en el combate a la violencia de género observan que hay una “gran desconexión” entre el incremento del presupuesto y los resultados en materia de seguridad pública. Aseguran que no hay un decremento de la violencia contra las mujeres, y que por el contrario ambas variables (presupuesto y criminalidad) aumentaron a la par.
Impunidad
María de la Luz Estrada, coordinadora general del OCNF, considera que en cinco años de administración de Felipe Calderón, hay un incremento sustancial de muertes violentas de mujeres, lo que atribuye a que en este sexenio no se ha entrado de fondo en el combate de este flagelo.
“(Calderón) se ha esforzado por acabar con violencia a la delincuencia organizada propiciando más violencia; no ha hecho una cosa mínima para atacar la violencia contra las mujeres, y en cambio sí ha abierto muchos frentes en contra de ellas (el aumento del feminicidio y la trata de personas), lo que propicia un ambiente de permisividad para violentar a las mujeres al negarles su acceso a la justicia y violentar sus Derechos Humanos”, explica.
Luz Estrada critica a instancias federales creadas en este sexenio para combatir la violencia de género, como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contras las Mujeres (Conavim), por considerar que “no dan el ancho” y carecen de “compromisos reales” en el tema.
“Hasta el momento no hay registros de homicidios dolosos de mujeres, tampoco de desaparecidas”, lo cual nos tiene en alerta, enfatiza la activista.
Abunda que ahora con la “guerra” de Calderón contra el crimen como política de Estado, las organizaciones de mujeres tienen nuevos frentes para atacar la violencia de género. “Ya no sólo es el feminicidio, ahora también está la trata de personas vinculada a la delincuencia organizada”, subraya.
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